La Xunta pide a Bruselas levantar el veto al palangre tras un estudio que apunta a un impacto mínimo sobre los fondos marinos

La Xunta reclama a Bruselas revisar el veto al palangre de fondo tras los resultados del proyecto ISPAMER, que sitúan en niveles mínimos su interacción con los hábitats marinos vulnerables. El estudio del IEO-CSIC se ha convertido en el principal argumento de Galicia y del sector pesquero para cuestionar las restricciones europeas.

El proyecto Ispamer, desarrollado por el IEO-CSIC y la OPP de Burela, registró diez fragmentos de especies vulnerables tras monitorizar 6,36 millones de anzuelos durante tres añosEl proyecto Ispamer, desarrollado por el IEO-CSIC y la OPP de Burela, registró diez fragmentos de especies vulnerables tras monitorizar 6,36 millones de anzuelos durante tres años

El seguimiento realizado durante tres años analizó la interacción del palangre piedra-bola con el fondo marino. Según los resultados presentados por la Xunta, durante la monitorización se localizaron diez fragmentos de especies vulnerables entre los 6,36 millones de anzuelos observados, una cifra que el proyecto sitúa en 0,0016 ejemplares por cada mil anzuelos.

La petición fue trasladada el 9 de septiembre en el Parlamento Europeo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante la presentación de los resultados finales del proyecto Ispamer, desarrollado entre 2023 y 2025 por el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) junto a la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) y financiado parcialmente con fondos europeos FEMPA.

El estudio analizó el comportamiento del palangre piedra-bola y su interacción con el fondo marino. Según los datos presentados por la Xunta, durante los tres años de seguimiento se monitorizaron 6,36 millones de anzuelos y se localizaron diez fragmentos de especies consideradas vulnerables, una cifra que la Administración gallega sitúa en 0,0016 ejemplares por cada mil anzuelos.

La Xunta sostiene que estos resultados cuestionan la aplicación generalizada del Reglamento europeo 2022/1614, que estableció restricciones a las artes de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental. Su argumento es que la normativa no habría diferenciado suficientemente entre las distintas modalidades de pesca y que el palangre piedra-bola presenta unas características diferentes de las artes que mantienen un contacto directo y continuado con el lecho marino.

Según la explicación trasladada por Villaverde, este sistema utiliza pesos y flotadores que mantienen la línea a más de 70 metros del fondo y limita su superficie de contacto físico a 1,87 metros cuadrados por jornada. El estudio también registró un 91,6 % de capturas de merluza y menos de un 1 % de descartes, según los datos difundidos por la Xunta.

La reclamación tiene además una dimensión económica. La Xunta sostiene que las restricciones han afectado especialmente a localidades cuya actividad pesquera depende de esta flota, entre ellas Burela y Celeiro, donde asegura que las descargas de merluza llegaron a caer un 31 % y la facturación por barco un 39 %.

El movimiento cuenta con el respaldo del Gobierno central y de una parte del sector pesquero. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, también reclamó en Bruselas una revisión del reglamento después de la presentación de Ispamer. Cepesca, Europêche y la OPP de Burela participaron igualmente en la iniciativa.

La dimensión política del frente también es visible en el Parlamento Europeo. La presentación contó con la participación de Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca (PECH) y eurodiputada del Partido Popular, además de representantes de otras formaciones políticas. Crespo pertenece al grupo del Partido Popular Europeo y fue designada presidenta de la comisión en 2026.

La Xunta pretende utilizar ahora los resultados de Ispamer como respaldo científico y jurídico para reclamar que el palangre piedra-bola quede fuera de las zonas afectadas por la prohibición. Galicia mantiene además un litigio junto al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las restricciones.

El debate, por tanto, no se limita a la continuidad de una modalidad pesquera. La cuestión que queda planteada ante Bruselas es si una regulación diseñada para proteger los hábitats marinos vulnerables puede aplicarse de forma homogénea a artes con niveles de interacción diferentes con el fondo o si debe incorporar la evidencia específica obtenida para cada modalidad.